Coordenadas / Todavía no nace y ya se corrige
Por
Enrique Quintana
(03-July-2007).-
Los expertos de Hacienda ya tienen una interesante lista de enmiendas por omisiones o inconsistencias de lo enviado al Congreso.
Casi dos semanas después de que el Gobierno mandó al Congreso su propuesta de reforma fiscal, ya se perfila claramente la necesidad de una serie de modificaciones si se quiere que la propuesta realmente camine.
Le enlisto algunas de las que se han visto ya como claramente indispensables.
1. Una definición clara de las reglas para el periodo de transición. El caso más claro del vacío respecto a este periodo que deja la propuesta de Hacienda se refiere al segundo semestre de este año.
Con la reforma, tal y como se presentó, las empresas tendrían incentivos muy claros para no invertir en lo que resta del 2007 y posponer sus compras de activos fijos hasta enero del 2008, con objeto de aprovechar la posibilidad de la deducción total. Lo que invirtieran en el segundo semestre del año no podría ya deducirse en términos de la CETU.
Es un absurdo económico que tendrá que arreglarse.
Pero además, también deberá establecerse algún tipo de incentivo para quien invirtió, por ejemplo, en periodo muy reciente, digamos en los últimos 18 meses, pues quedaría en desventaja con los que no lo hicieron y pospusieron sus inversiones.
2. Como la CETU no es acreditable en el extranjero, también se requiere cambio de reglas que permita alinearla con el Impuesto Sobre la Renta, pues de lo contrario se generaría un gran desincentivo para las empresas extranjeras que acreditan en otros países sus impuestos pagados en México. Apenas se hizo un primer acercamiento con Estados Unidos, pero será necesario extender un acuerdo semejante con los países con los que México tiene acuerdos para evitar la doble tributación.
Si no se avanzara en esta materia, se podría crear una fuerte inhibición para las empresas extranjeras.
3. Si se pretende que la CETU tenga un efecto neutro sobre el empleo, como se han cansado de explicar las autoridades, será indispensable que se puedan considerar acreditables los costos sociales que, por ley, tienen que pagar las empresas, como las cuotas del IMSS o las aportaciones del Infonavit. De lo contrario, sobre todo en el caso de los salarios más bajos, sería falso que fuera neutro respecto al costo fiscal de empleo, pues dejaría fuera un componente que es muy relevante en el caso de salarios relativamente bajos. Es comprensible que en el ánimo de emparejar el terreno de juego no se acrediten las obligaciones que no son de ley, pero resulta también absurdo que sí se haga con las que se pagan por ley.
4. En el caso del cálculo de la CETU para el sector bancario, se olvidó considerar el efecto de la constitución de las reservas preventivas, por lo que los bancos -aún si pagaran correctamente- tendrían que pagar una mayor cantidad de ISR en la medida que hicieran las reservas requeridas para los créditos de mayor riesgo. Si no se hiciera la modificación, se daría a los bancos el incentivo de pasar rápidamente a cartera vencida los créditos ante el primer incumplimiento, lo que repercutiría en un incremento exponencial de los malos precedentes en el buró de crédito.
Hay algunos temas adicionales, pero por lo menos estos cuatro son los que se requieren cambiar a la CETU simplemente para hacerla consistente con el propósito que formalmente tiene, de recaudar más y hacer que se pague parejo entre las empresas.
Existe un tema que probablemente haya pasado desapercibido para los sindicatos, pero que cuando lo vean con lupa, va a hacer mucho ruido.
Aun si se decidiera cambiar la propuesta para hacer acreditables los pagos por concepto de IMSS, Afores e Infonavit, restaría el conjunto de prestaciones que hoy son exentas de ISR.
En la medida que las empresas tengan un costo fiscal por este tipo de pagos, lo más probable es que se reduzcan las prestaciones en los sectores en los que actualmente se ofrecen, como en el caso de la mayoría de las que tienen trabajadores sindicalizados.
Aunque hasta ahora no se ha generado un gran debate respecto a este punto, se puede convertir en uno de los más controvertidos y complejos porque va directamente en contra de uno de los sectores más importantes del PRI y porque, de permitirse un cambio, entonces toda la idea de crear un terreno de juego parejo se va a perder.
Otro tema que todavía no se pone sobre la mesa, pero que va a ser muy controvertido, es el hecho de que el impuesto a la informalidad solamente establece el tope de 20 mil pesos mensuales de depósitos en efectivo para cada banco, y no hay ningún mecanismo formal que vaya a permitir detectar si el contribuyente tiene otras cuentas en diferentes bancos.
Tendría que ser el SAT y no los bancos quien detectara este caso y mientras sucede, las posibilidades de que realmente se combata la informalidad son bajas.
La tarea de ajustes, como se ve, va a ser de gran escala.
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