El precio que pagamos por el SAT

SEMANARIO - Coahuila escribió: El precio que pagamos por el SAT

Federico Müller

Se han realizado varios estudios académicos para evaluar la productividad del SAT, y todos han coincidido en una conclusión lapidaria: es un organismo poco competitivo y obsoleto para la economía mexicana, abierta al comercio internacional y a los flujos de capitales foráneos.

Uno de éstos trabajos, es la investigación que realizaba Marcelo Bergman del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en el año de 1999. Señalaba que la nomina del SAT se conformaba por 31 mil empleados, y de éstos el 22 por ciento cumplían una función en el área de fiscalización. En promedio, a cada funcionario le correspondía atender a 204 contribuyentes activos.

Todo ese ejército fiscal al mando de su comandante, Don José María Zubiría, aunque en su mayoría mal pagado, ha pretendido librar una fragorosa batalla contra la evasión. Sin embargo, la transparencia y rendición de cuentas presentada por la administración fiscal, ante el Congreso de la Unión, en los sexenios de Zedillo y Fox, dejaba mucho que desear.

Por ejemplo, y lo señalaba el propio estudio del CIDE, en el impuesto al valor agregado (IVA), únicamente se recababa para las arcas de la hacienda pública, un peso de cuatro posibles.

Es decir, solamente el 25 por ciento del monto total de las operaciones de compra-venta susceptibles de haber pagado el IVA (descontando los impuestos que pagaban PEMEX y los que generaba el comercio exterior), engrosaban los recursos fiscales.

Por otro lado, la administración tributaria sólo obtenía el 50 por ciento de cada peso que correspondería ingresar al fisco, el otro 50 por ciento se perdía por evasión fiscal. Esto contrasta con la razón de ser del SAT, que en teoría debería cumplir con dos funciones: la recaudación de impuestos, y el ejercer los controles administrativos para la correcta aplicación de las leyes impositivas en México.

Aunque no está facultado para formular una política tributaria nacional, sí se le conmina a que continuamente esté diseñando esquemas y tácticas más innovadores en la captación (extracción) de los recursos que generan las empresas y los individuos como producto de su capital y trabajo.

Llama la atención que en la última administración pública federal (2000-06) y en la actual (2006-12), en que los presidentes han sido panistas, no se haya privatizado el servicio de la administración fiscal, o al menos una de sus áreas, que indudablemente sería menos costoso y más eficiente para el erario.

Pero independientemente de las fallas del SAT, conviene hacer una breve reflexión sobre los impuestos en México y su impacto en la sociedad.

Todos los manuales de macroeconomía coinciden en que el consumidor deberá pagar impuestos, porque posteriormente el Estado devolverá a la sociedad las extracciones impositivas, a través de bienes y servicios públicos. Este es un noble postulado, que pudiera llamar al arrepentimiento fiscal a cualquier escéptico mexicano que incumpla con sus obligaciones tributarias.

No obstante, la aseveración encubre dos elementos, que se pueden considerar como nocivos para la sociedad. Los impuestos le imponen un costo adicional a la economía, al alterar la asignación de sus recursos, pues deforman los precios relativos que día a día enfrentan las empresas y los consumidores en sus decisiones económicas.

El primero de ellos: los impuestos distorsionan la elección del hombre libre, entre trabajo y ocio. Esto es, las familias dedicarán menos tiempo a la recreación y al cultivo de su cuerpo, mente y espíritu a causa de la parte que se lleva el fisco por su trabajo, entonces tendrán que trabajar más a costa de sacrificar su tiempo libre.

Por otro lado, y como efecto contrario al anterior, por cada peso extra que ganen las personas, recibirán un ingreso menor a causa del pago de sus obligaciones fiscales, lo que hará que las familias tiendan a trabajar menos, lo que naturalmente tendrá un efecto negativo sobre la oferta agregada de la economía.

El segundo, los incrementos en el impuesto afectan el retorno sobre el ahorro, es decir, la tasa de interés neta que reciban los ahorradores por sus depósitos bancarios se verá disminuida por el aumento fiscal, el cual en el caso de ser en los impuestos corporativos, muy probablemente disuadirá la inversión del sector privado en proyectos productivos.