Se burlan contribuyentes; pagan 74 pesos de impuestos
Arturo González Aragón, Auditor Superior de la Federación. Foto: Fernando López / El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
18 de julio de 2008
Marco A. Durán y Víctor Godínez / El Sol de México
Ciudad de México.- Derivado de la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó que en el año 2005,
50 grandes contribuyentes pagaron por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 74 pesos en promedio y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 67 pesos, contraviniendo el principio de equidad fiscalY USTED QUE OPINA , denunció el titular de la dependencia, Arturo González Aragón.
El auditor superior de la Federación aseguró además que la devolución de impuestos se encuentra altamente concentrada en el país.
Ante senadores, durante su participación en el foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el funcionario señaló que, increíblemente, la ASF detectó contribuyentes por créditos fiscales que obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
De hecho, dijo, el saldo de los créditos fiscales al cierre de 2005 ascendió a 495 mil millones de pesos, y el 47 por ciento de ellos estaban controvertidos.
Sostuvo ante los legisladores que en ese año se obtuvieron recuperaciones por tan sólo 8 mil 522 millones de pesos, esto es el 1.7 por ciento del saldo total.
pide mejorar la recaudacion
Lo anterior, señaló, apunta a la urgente necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria de los estados, requiriéndose para ello dotar a las entidades federativas y municipios de mayores facultades, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal de la economía, acabar con el contrabando, simplificar el marco impositivo, reducir los regímenes especiales, contar con una política fiscal de largo plazo, otorgar certeza jurídica y mejorar la recuperación de las operaciones en litigio.
Lo anterior, dijo González Aragón, pues estas grandes debilidades que acusa la recaudación tributaria del país provocan que Pemex transfiera recursos por cerca del 60 por ciento de sus ingresos brutos.
"Como dirían los abogados, la causa de la causa, es la causa de lo causado", dijo.
De hecho, el funcionario señaló que en la actualidad, los ingresos tributarios del Gobierno federal, que incluyen los provenientes del petróleo, muestran un incremento anual a tasa nominal del 5.4 por ciento, y su participación respecto a los ingresos fiscales muestra una disminución del 12 por ciento, al pasar del 70 por ciento en 2001 al 58 por ciento en 2008.
Por su parte, el SAT registró en el 2006 cerca de 137 mil juicios fiscales, de los cuales concluyeron un poco más de 32 mil (23 por ciento) por un monto de 21 mil 600 millones de pesos. El mayor de ellos resultó con resolución desfavorable.
Entre el 2000 y el 2005 la devolución de impuestos ascendió a 680 mil millones de pesos; en 2005, esas devoluciones fueron por 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en el año 2000.
El 73 por ciento de la recaudación se destina a cuenta corriente.
Por otro lado, González Aragón demandó especial atención en los ingresos extraordinarios del sector público, ya que la ASF detectó que entre el periodo que va del 2001 al 2006 se generaron recursos adicionales por aproximadamente 720 mil millones de pesos, de los cuales el 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, el 14 por ciento a inversiones financieras y sólo un 13 por ciento a inversión física directa. Este hecho indica la necesidad urgente de reorientar la aplicación de los ingresos extraordinarios que se obtengan hacia una mejor generación de inversión física y de proyectos productivos.
Otro factor es la discrecionalidad con que se deben manejar los recursos públicos, pues provocan un alto grado de opacidad y corrupción. El fondo de estabilización petrolero fue creado con remanentes de la recaudación fiscal del año 2000, sin embargo, su manejo ha sido a discrecionalidad, sin acreditar debidamente las aplicaciones.
De diversos diagnósticos sobre las políticas públicas, el auditor superior de la Federación afirmó que el desarrollo de la industria petrolera como parte de la política energética sólo será posible si ésta se sustenta en una sólida situación financiera, cuya viabilidad requiere acciones decididas por parte de Estado en materia fiscal, regulatoria y estructural.