DISCRIMINA HACIENDA

Edgardo Reyes Salcido

DISCRIMINA HACIENDA

Miércoles, 10 de Diciembre de 2008

El viernes pasado la Secretaría de Hacienda publica un decreto en el cual ilegalmente y anticonstitucionalmente perdona el pago de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta de sus empleados, a los estados y municipios que no lo han hecho, hasta el 31 de diciembre de 2005; les perdona también las multas, rezagos y recargos, lo cual contrasta con el tratamiento que da a los ciudadanos privados.

El principio de equidad que garantiza la Constitución respecto a las cargas fiscales, se rompe una vez más, pues ya en 2003 se había perdonado a los Estados y Municipios los retrasos en el pago, que no es dinero de los municipios, sino que retienen a los empleados teniendo la obligación de enterarlo a la Secretaría de Hacienda. Este trato desigual, se vuelve a repetir en virtud de que inmoralmente e ilegalmente los estados disponen del dinero que retienen de su personal, lo cual constituye, no solamente una práctica administrativa ilegal, sino un delito. Los fondos retenidos, son cobros que se hacen a los empleados por su trabajo, como se hace a quienes trabajamos en el Sector Privado. No es justo que los burócratas tengan un trato preferencial y que la Secretaría de Hacienda abiertamente los proteja y fomente el incumplimiento de la Ley. Los Estados y Municipios que cumplieron con su obligación legal de retener y enterar, no tienen ningún estimulo, cuando deberían ser los favorecidos; en cambio los incumplidos, los que abusaron manejando un dinero que no les pertenecía, son ahora favorecidos.

Ya antes se había presentado el problema de una exención del Impuesto Sobre la Renta a los aguinaldos de trabajadores de la educación, lo cual Elba Esther negó que ella haya gestionado. Empero, el tratamiento de un segmento de la administración publica en detrimento de los demás y en abierta contradicción contra los principios más elementales de igualdad de trato ante la Ley, es reprobable y debe Hacienda abstenerse de estos sistemas que en nada favorecen al País.

Hacienda y el Poder Ejecutivo deben exigir a los estados y a los municipios que enteren las cantidades que retienen a su personal, como lo hacen con todos los demás patrones de la Republica. Lo difícil de la situación en que ahora estamos y el empeoramiento que experimentaremos en 2009, refuerzan los argumentos de la práctica de la equidad y del trato igual a unos y otros.

Las prestaciones de Sindicatos como el Seguro Social, el ISSTE, PEMEX, Comisión Federal de Electricidad y Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, son elevadísimas y contrastan con las reducidas prestaciones que tenemos el resto de quienes trabajamos en este País. Vale la pena resaltar que en la renegociación de la Industria Automotriz que está por aprobar el Congreso de los Estados Unidos a General Motors, Chrysler y Ford, se exigirá según diputados del Partido Demócrata, que el contrato colectivo del trabajo empiece de cero y que se anulen todas las prestaciones excesivas que a través de los años se han venido acumulando, haciendo que esos costos elevadísimos lleven a la quiebra a esas empresas; aquí no quiebran por que son del gobierno, pero su situación lesiona los intereses de todos los mexicanos. (una electricidad y una gasolina carísimas).

La obligación de pagar impuestos es general para todos los mexicanos y los esfuerzos que hace la Secretaría de Hacienda para cobrar al sector informal son muy meritorios. No es posible que una pequeña minoría seamos quienes cubramos nuestra carga impositiva y que la gran mayoría de los mexicanos no pague impuestos. Comprendemos que quienes reciben salario mínimo puedan quedar exentos, pero deben registrarse y debe haber un monitoreo del SAT, para ver que efectivamente la situación corresponda a la realidad. Empleados públicos y empleados privados, debemos recibir el mismo trato y todos cubrir nuestras obligaciones fiscales.

Las distintas religiones consideran que es un deber moral el contribuir a la carga publica y la lógica social supone que el gobierno que debe proveernos los servicios públicos, la seguridad, la representación, la unión nacional y en el caso de México la educación y muchas otras cosas más, debe ser sostenido con contribuciones de TODOS los mexicanos con capacidad de trabajar y que recibimos algún ingreso. Las deducciones, ayudas a jubilados, a huérfanos, a discapacitados; se justifican con tal de que sean generales y que no impliquen un privilegio inaceptable. Diferenciaciones entre la calidad del empleo como público y privado, no son aceptables y deben corregirse. Por supuesto, en el caso de que tratamos del decreto del viernes pasado, no son culpables los empleados públicos a quienes sí se les retuvo su ISR a tiempo, sino los administradores de estados y municipios que abusaron de un mecanismo que prevé la Ley Sobre el Impuesto Sobre la Renta y se quedaron con el dinero que debieron haber entregado a la Secretaría de Hacienda.

me extraña de calderón, aunque no voté por él, lo llegué a considerar un presidente justo..... pero ya veo que no....
y pensar que lo que voy a pagar de impuestos de mi raquítico aguinaldo los burócratas se lo podrán gastar en caguamas