impugnación del Impuesto Empresarial a Tasa Única

MÉXICO, D.F., enero 12 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó realizar, por vez primera, un bloque de audiencias públicas en las que escuchará la opinión de empresarios, de abogados litigantes, del secretario de Hacienda, del procurador Fiscal, así como de diputados y senadores, en torno al juicio más cuantioso que enfrenta el gobierno federal y que tiene que ver con la impugnación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
La Corte adoptó esta medida excepcional, que sólo se había aplicado en el juicio en torno a la despenalización del aborto en el Distrito Federal, por considerar que los más de 31 mil amparos que se promovieron en contra de este impuesto, en el que están en juego alrededor de 70 mil millones de pesos, "constituyen un tema relevante, de interés jurídico y de importancia nacional".
En el acuerdo general número 1/2010 que emitió la Corte este martes se asegura que "las audiencias públicas resultan de utilidad, ya que las partes que intervienen, obtienen un espacio de oralidad para la presentación breve, pública y directa de los planteamientos y argumentos que sostienen en el litigio constitucional".
Las audiencias se llevarán a cabo en el recinto de la Corte en un solo día, el próximo 22 de enero.
Los representantes de los distintos sectores involucrados con estos juicios sólo tendrán 15 minutos para exponer sus argumentos y 5 minutos para responder a las preguntas concretas que les lleguen a hacer, en su caso, los ministros del alto tribunal.
Como parte de las autoridades demandadas, los ministros acordaron escuchar únicamente a la Secretaría de Hacienda, a la Procuraduría Fiscal de la Federación -que forma parte de Hacienda- y al Congreso de la Unión, representada por algún diputado o senador que sea designado para este fin por los legisladores.
Del ramo de los abogados la Corte decidió atender a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados.
Mientras que del sector privado se agendó la participación del Consejo Coordinador Empresarial.
Una vez concluida la audiencia la Corte programará la resolución un grupo de amparos que sean representativos de todos los promovidos en contra del IETU para emitir una sentencia que sea aplicable a todos los casos.

No veo dentro de los participantes a las Universidades del país ni a los Colegios de Profesionistas contables de toda la República. Estos organismos representan a los únicos capacitados para entender el funcionamiento de los impuestos y su impacto real en los contribuyentes, ya que el papeleo (juicios, amparos, demandas) sí los deben hacer los abogados, pero sin la explicación y comprensión de lo que en la vida real de los medianos y pequeños contribuyentes PF ha causado dos años de vigencia del IETU esa labor está condenada al fracaso. Me refiero aquí solamente a las PF porque en teoría toda PM que siendo contribuyente perfectamente bien portado, fiscalmente causó el 28%, siendo suficiente para que en la mayor parte de los casos cubra al 17% de IETU. Pero las PF empresarios, profesionistas y arrendadores a duras penas sobrevivían para que además les confisquen una buena parte de sus exigüos ingresos con ese impuesto al flujo. Cuando el SAT inventó el IDE (son los que hacen las leyes, los otros sólo oprimen un botón) reconoció que el promedio de utilidad declarado es de 7.142%. por lo que al aplicarle el 28% de tasa de ISR resultó en el 2%, sólo que se les olvidó que los depósitos incluyen el IVA cobrado, por tanto la tasa de utilidad real reconocida por el SAT era de 8.214%. Con las modificaciones de este año, la tasa real de utilidad promedio reconocida por el SAT se va al 11.50%, con el IVA de las ventas incluído en los depósitos y sin embargo, el IETU es de 17.50%, claro que considerando los tejemanejes que hay que tomar en cuenta para la interacción entre este impuesto y el ISR, el efecto altamente perjudicial para el miniempresario, en año de mayor crisis por el efecto inflacionario y de los otros impuestos aprobados, es confiscatorio para ellos. El apreciable colega que ha leído hasta aquí, ¿creerá que existe algún magistrado de cualquier tribunal fiscal que alcance a entender esta sencilla y real situación?. Ellos dicen que las horas extras se deben pagar con salario integrado, ellos dicen que los vales de despensa que se utilicen para comprar licores o que alguien se los cambie por efectivo al trabajador, son previsión social, ellos dicen que el anatocismo es legal, ellos dicen....
Se sabe de dos corrientes, por un lado, reconocidos amparistas dicen que hay línea para que se confirme lo que algunos tribunales ya han dicho, que el IETU es constitucional y se desechen los amparos "haiga sido como haiga sido". Otros dicen que se detuvo la reforma al amparo que de último momento aprobó el Senado y está pendiente en Diputados para no hacer más olas hasta que se defina la Corte, tomando en cuenta que lo que está en juego son $70,000,000 de pesos (lo que se pretendía recaudar con el IVA Pobre) y que habría que devolver a los amparados, dentro de los que no hay una PF pequeña, pues ellos no tienen dienro para gastar en un juicio de amparo.
Perdón por la diatriba.